Categoría: EREs

El Tribunal Supremo exime de responsabilidad a las empresas en caso de impago en las “prejubilaciones”

Una nueva sentencia del Tribunal Supremo exime de responsabilidad a la empresa en caso de impago de las cantidades pactadas en el acuerdo del ERE, tanto del salario como del convenio especial con la Seguridad Social, en caso de haber cedido el pago de estas a una aseguradora.

RECHAZAMOS LOS TRASLADOS PROVINCIALES FORZOSOS, PLAN 17/20

Tras la ejecución de los 19 primeros traslados provinciales forzosos dejan preparado el terreno (la empresa y sus socios sindicales CCOO y UGT) para un movimiento mucho mayor, hablan de hasta 120 nuevos traslados.

Actualmente en la empresa se está llevando a cabo una vuelta más de tuerca en esa dinámica de destrucción de empleo digno, con la colaboración de los firmantes del CEV. Quieren aplicar la movilidad geográfica forzosa antes de finalizar el año 2020 para todas aquellas personas que trabajan, viven y tienen su espacio vital en localidades con plantillas reducidas (primero de 1 a 3 personas y luego hasta 5 o más). Estas localidades, si no lo evitamos, se cerraran una tras otra y verán su plantilla trasladada a la capital de provincia.

Equipo Movistar ¿Sin costes para el Estado, la plantilla y las contratas?

Andábamos la semana pasada analizando los magníficos avances que los sindicatos domesticados relataban sobre la negociación del TriConvenio, cuando aparece la empresa en la 11ª reunión de la Comisión Negociadora del CEV con su flamante  “Programa Voluntario de Suspensión Individual de la Relación Laboral” –PSI en adelante–. Esta “sorpresa” ha producido varios efectos inmediatos: lleno absoluto en todas las asambleas donde la mayoría sindical explicaba y vendía la jugada, suspiro aliviado de quienes esperaban un anuncio de esa clase para saltar del barco ahora que vienen incendios, y aumento de la preocupación entre la plantilla destinada, por edad, convicción o situación personal, a sofocarlos como pueda y  a trabajar entre las ruinas.
La fórmula de las suspensiones voluntarias –solo para quienes no tengan 53 o más años de edad se ofrecen desvinculaciones– no es un lúcido invento de la sagaz Telefónica, ni tampoco de las brillantes huestes sindicales que se han arrogado la representación total de la plantilla en esta negociación, a pesar de obtener menos del 60% de los votos en las recientes Elecciones Sindicales. La suspensión del contrato de trabajo –excedencias y ERE temporales lo son– está regulada en los artículos 45 a 48 del Estatuto de las [personas] Trabajadoras, estableciendo cauces para evitar que ante determinadas situaciones la relación laboral se rompa. Como ejemplo el de Endesa, que tiene un plan similar hasta 2018.

ERE, la “quinceava”

ereDicen en sus informes, quienes asisten a estas reuniones «en nuestro nombre», que en la «quinceava» reunión de la Comisión de Seguimiento del ERE hablaron de todos los temas que afectan o afectarán a las compañeras y compañeros que se desvincularon o se desvincularán: de la afectación de la reforma de las pensiones y el convenio especial con la seguridad social, los reconocimientos médicos después de la desvinculación, la quita a los que no tienen plan de pensiones y sí seguro de supervivencia, las ofertas comerciales…

También «dicen» que preguntaron por la pirámide de edad de quienes nos quedamos y de la creación de empleo –hay cuatro provincias por debajo de las 100 personas– que establecía el plan social dentro de las medidas para paliar al destrucción de puestos de trabajo.

Pero en el acta de la «quinceava» reunión –que tenemos porque ha sido de las pocas veces que la entregan en el Comité Intercentros al día siguiente, tardan meses e incluso hay veces que ni las entregan– lo único que aparece es el tema de la modificación del plan.

Nota informativa de CGT sobre la Comisión de Seguimiento del ERE celebrada el pasado miércoles 23 de octubre

Resulta que Telefónica quiere “una sucesión ordenada para el traspaso de la actividad, la culminación de los procesos de recolocación de la plantilla que están en marcha y la formación del personal incorporado”. Así, para facilitar la transición, Telefónica y sus socios sindicales acuerdan (Comisión Seguimiento del ERE) que algunas personas incluidas en el ERE prolonguen su estancia en la empresa durante algunos meses de 2014. El pacto debe ser aprobado por el Ministerio de Empleo ya que se pretende que no afecte a los términos pactados para su salida.

A la atención de la Comisión de Seguimiento del ERE

(…) En la nueva redacción de la norma, vigente desde el día siguiente a su publicación en el BOE, se ha añadido no obstante una novedad que estaría claramente relacionada con aquel plan de recolocación recogido en el plan social. Y es que la empresa podría evitar ese pago si en el plazo de seis meses a contar desde la extinción del contrato de trabajo, la persona es recolocada en la misma empresa, otra del grupo o cualquier otra, siempre, eso a petición de Telefónica. (…)

CGT presenta Recurso de Alzada contra la aprobación ministerial del ERE en Telefónica

Dado que la administración laboral no ha cumplido fielmente su obligación de revisar el fraude o abuso de derecho en el resultado del periodo de consultas, el pasado jueves la CGT de Telefónica dio entrada, en el Ministerio de Trabajo e Inmigración, al Recurso de Alzada en el que solicitamos la nulidad de pleno derecho de la resolución de 14 de julio por la que se aprueba el ERE 2011 en la mercantil Telefónica de España S.A.U.

CGT anuncia la presentación de un recurso de alzada contra el ERE de Telefónica

La misma semana que «solicitaba» a la banca una participación activa en la creación empleo, el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, ha aceptado el ERE presentado por Telefónica, convirtiéndose así en cómplice de la destrucción de 6.500 puestos de trabajo.

Este expediente es el colofón a una secuencia negra de “reformas” socialistas: la laboral, que favorece el despido; la de las pensiones, que nos retrasa la edad de jubilación después de una vida cotizando; o la reciente de la negociación colectiva, que recorta derechos sindicales y el propio derecho a la negociación.