Telefónica, así no!

Parece que ahora empiece a dar sus frutos la ejemplar lucha de quienes trabajan en las contratas del sector de las telecomunicaciones al servicio de Telefónica, que se auto denominaron «Marea Azul», con una huelga indefinida sin precedentes que duró varios meses el año pasado y que concluyó con el desalojo de la Tienda Movistar MWC situada en el edificio de la Plaza Catalunya de Barcelona tras el acuerdo de la creación de una mesa paritaria, a la postre inoperante, donde se reúnen la patronal, CCOO y UGT.

Ha tenido que ser la Inspección de Trabajo de Barcelona quien tras cientos de denuncias de los comités de las empresas de contratas y subcontratas afectadas haya sancionado con multas y liquidaciones a la Seguridad Social millonarias –5,7 millones de euros– cuya responsabilidad subsidiaria también alcanza a la empresa origen de la actividad: Telefónica de España SAU.

Con sanciones de 2.155.000€ por cesión ilegal de trabajadores o por la utilización de los llamados “falsos autónomos” –personas que aún trabajando para la empresa en cuestión se les obliga a darse de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, aunque su labor sea idéntica al de otra persona de la misma empresa, con el objetivo de ahorrarse las cotizaciones a la seguridad social y la flexibilidad añadida de poder “utilizarla” los días que les den la gana–. Y autoliquidaciones a la Seguridad Social que ascienden a 3.615.000€ –con responsabilidad subsidiaria de TdE– por diferencias –de cotizaciones o por falta de las mismas.

El Secretario General de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Catalunya considera el entramado que se ha descubierto como una «trama de subcontratación, que tiene como principal objetivo conseguir el máximo de ganancia posible reduciendo los derechos de las personas que trabajan». Y la semana pasada, en una reunión de miembros de la Marea Azul de Catalunya con la Consejera del mismo departamento de la Generalitat, se comprometió a acabar con este tipo de tramas laborales delictivas.

En esa misma línea sancionadora, recientemente, en el mes de marzo, esta misma inspección ratificaba la sanción de 25.000 euros impuestos a TdE por infracción muy grave del derecho de huelga al sustituir con personal propio a quienes en ese momento protagonizaban la ya mencionada huelga de la Marea Azul.

No se puede decir, por tanto, que el comportamiento de nuestra compañía sea ejemplar en lo laboral, algo que nos preocupa ya que una empresa que se dedica a las comunicaciones debe dar ejemplo de honradez si quiere que la opinión pública se lo reconozca. Pero no podemos negar que la privatización de los años 1990 de nuestra compañía lejos de convertirla en una empresa generadora de bienestar para las personas que trabajamos en ella y para quienes son sus usuarios –que no clientes– emprendió el camino de la voracidad capitalista con la destrucción de cerca de 50.000 puestos de trabajo mediante ERES y PIS a cambio de apostar, como ahora ratifica la inspección de
Barcelona, por la precarización de un enorme mercado laboral en el sector del que mal viven cientos de miles de personas en condiciones laborales lamentables con salarios ridículos.

Tras la resolución de la Inspección de Barcelona, desde CGT hemos instado a la Inspección Central a que actúe de oficio en el resto del estado, puesto que las empresas investigadas operan en ese ámbito y es de suponer que se está produciendo la misma situación fraudulenta de subcontratación con cesiones ilegales y falsos autónomos.