Teletrabajo, cuota social mínima

teletrabajoRecordamos que el Teletrabajo se recogía, en el vigente convenio, como «una notable mejora en la conciliación de la vida laboral y familiar» y que había «construido una gestión basada en la confianza mediante una relación más ágil y directa, que ha reportado mayores ventajas tanto para la organización como para los teletrabajadoras, con nuevas formas de hacer que están consolidando una cultura más innovadora». También respecto a las políticas de igualdad se menciona el teletrabajo como «una modalidad de trabajo que fomenta la conciliación de la vida personal y laboral de las personas que lo realizan». Es más, la empresa se comprometía a «seguir avanzando en línea con un compromiso mutuo de mejora en la calidad y la productividad que reporte ventajas para todos, así como en el incremento porcentual de número de trabajadoras que disfruten de esta nueva modalidad de trabajo.» Pero todo ello quedó en el olvido y, al contrario, el compromiso tornó en coacción frente a una inminente negociación de prórroga que venía con el «premio» de la quita, de la movilidad y de las disponibilidades.

Por eso, en febrero, la empresa anunció –refugiándose en la falta de productividad y eficiencia– la retirada unilateral de gran parte de los contratos de teletrabajo –oficialmente, ha reconocido una reducción de casi 1.900 puestos a menos de 700– y desde entonces hasta ahora, quienes se creen los «propietarios» porque firmaron el acuerdo en el 2006, que en un principio negaron la inminente reducción, a renglón seguido, anunciaron varias veces negociaciones para que la empresa «los devolviera». ¿Será esta la definitiva? Y es que el acuerdo tenía sus «trampas» y una de ellas era la de la «reversibilidad» que, para beneficio de la empresa, bastaba con un preanuncio de 15 días. Así como notables deficiencias en materia de prevención y de infraestructura si lo comparábamos con el «Acuerdo Marco Europeo».

Pero a pesar de la precariedad del acuerdo, la realidad es que quienes teletrabajan, sobre todo en grandes ciudades donde los tiempos de desplazamiento al trabajo se aumentaron por la especulación urbanística –caso del Distrito T, no en vano Madrid es la provincia que más teletrabajabadores oficialmente reconocidos tenía, cerca de 1.200, aunque desconocemos las cifras reales de aquellos que lo hacen «de extranjis»– han encontrado ya sólo en este argumento –la reducción de casi 3 horas de transporte público, aumento de 3 horas de vida– una razón suficiente para anhelar su reimplantación.

En CGT vamos más lejos y pensamos que, además de las mejoras que se deben introducir en materia de prevención o de infraestructuras, se debe negociar una «cuota social mínima» que permita a quienes más lo necesitan «aprovecharse» de este tipo de trabajo, instaurado en numerosas empresas de Europa, sobre todo en aquellas como la nuestra donde la tecnología es la base del trabajo.

Estamos hablando de que quienes más se pueden «beneficiar » son mujeres, quienes, para su desgracia, son a las que esta sociedad machista y patriarcal les ha forzado a realizar la labor de cuidar a menores y mayores dependientes, y que un hipócrita estado no las ayuda porque redactó una ley de dependencia a la que dotó de un insuficiente presupuesto, que, para más INRI, con la excusa de la crisis, recientemente se ha recortado hasta su desaparición.

Claro que sabemos que no es una solución, la solución sería, por ejemplo, una Renta Básica que asegurara a todos los ciudadanos del país un mínimo de recursos económicos que le permitieran una mínima independencia y cierto grado de libertad. Pero esto es otra batalla, si cabe, mayor que la CGT está dispuesta a lidiar en otros ámbitos.

La CGT ya expuso en el último pleno del Comité Intercentros que no valen anuncios populistas proclamando a los cuatro vientos «hemos retomado las conversaciones». Queremos, sobretodo, transparencia, que se explique lo que se está negociando; que se tengan en cuenta las necesidades de la plantilla, que se consulte con ella, que se informe detalladamente en el foro adecuado, que no se negocien contrapartidas perjudiciales para las afectadas. Y que se implante esa cuota social mínima que en la CGT reclamamos.

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