La Semana Santa, las vacaciones de verano y las post vacaciones se han convertido en fechas ideales para que empresa y sindicatos «responsables» nos pongan patas arriba la normativa laboral. Con acuerdos como la prórroga del convenio –a cambio de la reducción de nuestros salarios–, el de Movilidad Funcional y las Disponibilidades. Ahora, llegado el fin de año, ya nos preparan el acuerdo definitivo sobre clasificación profesional, la tercera y última fase de esta clasificación por grupos y puesto profesionales que puede dejar al arbitrio de la empresa todas nuestras funciones.
Y empresa y sindicatos firmantes lo están haciendo en las reuniones de la mesa de Operaciones y la de Clasificación. Es ahora, en esas mesas, cuando la empresa reconoce que el proceso de transformación de Operaciones va paralelo al acuerdo de clasificación, y que para la puesta en marcha de dicho proceso es necesaria la firma inmediata de ese acuerdo.
Ha sido en la mesa de Operaciones donde la empresa avisa de una nueva amenaza sobre el empleo: antes del 2020 quedarán poco más de 2000 centrales telefónicas, y la implantación de la fibra reducirá drásticamente el mantenimiento, por lo que la empleabilidad será muy cuestionada.
Por eso, para ella el nuevo acuerdo de clasificación se sustenta en la ampliación de funciones en cada una los puestos profesionales y en la indefinición de las tareas como mejor medio para poder encomendar trabajos de manera aleatoria y sin posibilidad de reclamación.
Como apoyo a las teorías de la empresa, también los firmantes dicen que «no es la confección de un catálogo de funciones más o menos extenso, sino la delimitación de fronteras entre las funciones de uno u otro puesto tipo que nos sirvan para encuadrar correctamente a cada trabajador/a en el puesto tipo cuyas funciones realiza» lo que, de producirse esa indefinición, fomentará la polivalencia dentro de tu puesto, porque se solaparán funciones –una de las mayores pretensiones es la unificación de operadores sin carga, evidentemente, a las arcas telefónicas– y se oficializaran aquellos solapamientos que ya son flagrantes. Realmente lo que se plantea es hacer absolutamente de todo.
Pero ¿Por qué el sindicalismo responsable deberá aceptar ahora la flexibilidad absoluta? Porque, a cambio, la empresa, después de más de dos años de que se firmara el ERE, hará un estudio de las consecuencias de la reducción de empleo en las provincias pequeñas, y evaluará el desajuste de plantilla y las carencias de las áreas. Eso quiere decir que lo que era una necesidad inmediata –esa viabilidad, y así lo reclamó la CGT desde el primer día al Comité Intercentros tras la firma del ERE y el Plan Social que lo contemplaba–, para otros se convierte ahora en una necesidad electoral. Es esa «urgencia» la que ahora nos llevará a negociar bajo el chantaje de la multifuncionalidad y la flexibilidad absoluta.
Se nos exige el esfuerzo de renunciar a las condiciones laborales actuales y a asumir la polivalencia de funciones por el capricho de la empresa –amparada en el falso discurso de la crisis, la bajada de beneficios y la feroz competencia– y el recuerdo permanente de los sindicatos negociadores de que la reforma laboral permite todas estas modificaciones.
¿Cómo podemos creernos que todos los esfuerzos que se nos exigen ahora van a garantizar la empleabilidad en un futuro? Mentiras y chantajes, falsas expectativas para poder canjear empleo digno por empleo precario sin derechos laborales.
El martes que viene se vuelve a reunir la mesa de clasificación, la segunda reunión en menos de una semana, y sus informes y comunicados ya empiezan a anunciar un nuevo acuerdo, el cuarto este año si seguimos mirando como nos «arrolla el tren».
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