ATAM (Asociación Telefónica de Ayuda al Minusválido) es esa asociación de ámbito nacional, sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, constituida en 1973 “fruto de un acuerdo entre Telefónica y sus empleados, apoyados por sus representantes… para la integración social de personas con discapacidad, su atención especializada y su formación específica”, según la propaganda oficial. Quienes llevamos varias décadas en esta empresa recordamos aún como, hasta bien avanzados los años 90, la aportación de la plantilla era obligatoria en nómina (o eso nos decían).
ATAM PARA EL APOYO FAMILIAR (en adelante APAF), que es como se llama ahora, inició en 2004 un proceso de externalización de la gestión de sus centros asistenciales que ha culminado en los últimos dos ejercicios. Esta transformación de aquella especie de ONG, la ha convertido en una suerte de Grupo Empresarial -“organismo adaptativo en proceso constante de renovación… que se propone alcanzar un nuevo paradigma de apoyo a las personas más vulnerables”, si hacemos caso de la literatura de sus balances y memorias-, impactando sensiblemente en el empleo y la atención percibida por las personas destinatarias finales de su actividad.
El pasado 25 de mayo se celebró la Junta General anual de APAF, único momento donde el Consejo Rector da un mínimo de explicaciones y se aprueba la gestión anual y los presupuestos. En esta junta hay representantes de las empresas del grupo telefónica adheridas (cuyas plantillas aportan parte de sus salarios a la asociación) y de los sindicatos en las mismas (en proporción a los resultados electorales): la mayoría Empresa-Ugt-Ccoo es aplastante.
Desde CGT optamos por abstenernos en la aprobación del Informe Anual, Balance y Cuenta de Resultados de 2016 y los Presupuestos de Gastos, Ingresos e Inversiones para 2017 -el actual modelo de empresa/negocio no se corresponde con la actividad y los objetivos de la asociación de ayuda que fue- y en la designación de los socios que actuarán como censores de cuentas -informan de las personas ‘elegidas’ en el mismo momento de la votación-. En la delegación de la Junta General en el Consejo Rector para la aprobación del Acta de la reunión, votamos en contra porque se pide delegar a ciegas (aún no se ha designado al Consejo Rector).
El ultimo asunto, la Renovación de miembros de Junta General y Consejo Rector, se resuelve en una sola votación y ambos órganos son elegidos a la vez. Procedimiento inadmisible que nos obliga a votar favorablemente aunque, en realidad, lo hacemos a la junta general -que incluye a la representación de CGT en la reunión y que formará parte de la junta en 2018- y no al consejo rector, que es quien maneja sin apenas información y gobierna la ‘asociación’ en ausencia de transparencia.
Nuestra visión de lo que sucede en APAF puede condensarse en que su loable fin –la ayuda a personas con discapacidad- no justifica que se pueda hacer de cualquier manera. Creemos que hay muchos indicios del camino errado que ha tomado, en una línea que en nada favorece los objetivos que se le suponen:
-El traspaso de la gestión asistencial de los centros a otras asociaciones, fundaciones, ONGs e incluso empresas con forma jurídica de Sociedad Limitada Unipersonal. Algunas ‘alojan’ de consejeros, por ejemplo, a viejas glorias del Intercentros de TdE y la Comisión de Control del Plan de Pensiones de empleadas/os –y su mayoría sindical, la misma en ambos-, como Celestino Anta, entre otras… ya sabes, puertas giratorias/premio a ‘servicios prestados’.
Así, por ejemplo, tres edificios del madrileño complejo de Pozuelo de Alarcón (Centro de Día, Centro Ocupacional y las Residencias Avantos y Almanzor) tienen hoy como titular a “SSH Servicios Sociales Habilitadores SL”, quedando el Equipo Clínico bajo titularidad de APAF. En los órganos directivos de SSH aparecen consejeros como el ejemplo y otras personas relacionadas con empresas del mismo entramado que copa los servicios y contratos que utiliza la mencionada Comisión de Control y otras entidades ‘amigas’ (de servicios diversos, jurídicos, financieros, suministros, hostelería, restauración, Fonditel…, bufetes, asesorías, actuarias, gestoras, de informática…)
También el valenciano Centro Ocupacional Torrent ha pasado a “ABD Asociación Bienestar y Desarrollo”, ONG contra la desigualdad y la exclusión en cuya web no aparece dato económico alguno (presupuestos, gastos, financiación…), no se pueden ver sus estatutos ni su memoria anual (aunque hay enlace, no funciona), no consta ningún centro en Torrent ni ATAM como entidad con la que tengan relación (si aparece la Fundación Telefónica)… quizá sea desactualización.
-El ‘asunto inmobiliario’. Algunos de esos inmuebles han sido reformados y adaptados a las necesidades de los centros que desarrollan su actividad en ellos y, tras los planes funcionales de los diferentes equipamientos, se ha producido el traspaso efectivo de la gestión de los centros a los nuevos operadores. Es decir, hay una inversión previa: APAF invierte en renovación y luego entrega su explotación.
-La transferencia de la gestión y atención de los centros tiene la ‘ventaja’ de reducir muy notablemente la plantilla. El cambio es brutal respecto al antiguo modelo de personal propio: hace 20 años había convenio colectivo propio para las 25 (aprox.) categorías laborales que incluía la plantilla. Hoy, con 45 empleadas/os –una/o más que en 2015-, se ha reducido a 4 (puestos) con condiciones ‘de tú a tú’. Las cuentas reflejan esto en las provisiones (dinerito que se ‘aparta’ y reserva para algún fin futuro previsto) por reestructuración de personal: 3 millones en 2016 (en 2015 fueron 3,7 mill.).
-La desorbitada proporción del presupuesto que se va en gasto de personal, especialmente si lo comparamos con cualquier Ong. Aunque era de esperar una gran reducción de gastos de personal (salarios y cargas sociales) paralela al aumento en servicios exteriores (incluyendo gastos del personal externo), no se ha producido en un grado equiparable a otras organizaciones sin ánimo de lucro (ONGs, asistenciales, ‘caritativas’, etc). Si comparamos la partida contable dedicada a “gastos de personal” con la misma de, por ejemplo, “Médicos Sin Fronteras España (MSF)” y “Greenpeace España (GP)”, vemos que el porcentaje que supone respecto a los ingresos es ¡el doble! (18% en APAF mientras que supera ligeramente el 9% en MSF y GP).
-Las inversiones previstas: solo en productos informáticos, sin concurso, adjudicadas a dedo sin especificar a quien y por qué, lo que desprende cierto tufo a empresas del mencionado entramado.
-Un par de últimos detalles sobre las cuentas: el 96,42% de ingresos se van en ayudas monetarias (48,65%), servicios exteriores (19,61%), gastos de personal (18,04%) y amortización del inmovilizado (10,12%). Esto último es la pérdida de valor de los activos (patrimonio) por deterioro, uso, el simple paso del tiempo, obsolescencia tecnológica, etc. Reduce la base imponible y, por tanto, aporta beneficio fiscal. Nada que no haga una empresa con afán de lucro ¿verdad?.
¡¡Solidaridad SÍ, con las personas desfavorecidas, en desventaja, que lo necesitan… pero sin aprovechar para hacer negocio para los amigos!!
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