29M hacia la Huelga General, La crisis, los recortes y la reforma laboral

Esta crisis no la pagamos

Por mucho que nos quieran convencer de que somos responsables de esta nueva crisis, y de que los recortes de nuestros derechos son el único camino posible para solucionarla; no nos resignamos porque sabemos que los causantes de la crisis son ellos: banqueros y grandes empresarios, ricos oligarcas que se reunen en torno a las mesas del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio, para parir politícas de hambre y destrucción que aplican con sometimiento los gobiernos de turno, de uno u otro signo.

Políticas bancarias como en España, que generaron una burbuja especulativa, como la del ladrillo, alimentada por el abaratamiento del dinero que provocó una espiral de precios que endeudó a la mayoría de la población, generando una gran deuda privada.

Políticas empresariales, cuyos ejecutores, enfermos de avaricia, exigen una alta productividad a cambio de congelar salarios y precarizar, mediante una y mil reformas laborales, un mercado laboral que ha conseguido reducir el poder adquisitivo de la mayoría de la población y con ello el agravamiento de ese endeudamiento privado.

No en vano tenemos los salarios más bajos de la OCDE (junto con Grecia y Portugal) pero al mismo tiempo mayor nivel de desigualdad salarial. Según la «Encuesta de Estructura Salarial» el sueldo más frecuente se sitúa en 15.500 euros al año: mileuristas en su salario neto y con dos pagas extras. Según el Instituto Nacional de Estadística el 34% de las personas trabajadoras cobran entre 1 y 2 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), mientras que otro 10% cobra menos que el SMI.

Este excesivo número de salarios bajos en España se debe en parte a unos salarios mínimos muy bajos (junto con Grecia y Portugal). El salario mínimo de España es menos de la mitad que en países como Francia, Bélgica, Holanda o Reino Unido.

Por eso podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que no es que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades, como nos quieren hacer creer, sino que nuestros salarios se han quedado pequeños frente a nuestras necesidades.

Cuando la deuda de mucha gente se hizo insostenible y dejaron de pagarse los créditos (ocurre por primera vez en EEUU, y se denomina crísis de las subprime o hipotecas basura), se colapsó el mercado del dinero y, como un virus, se fue extendiendo a los países del resto del mundo. Fue cuando los banqueros y empresarios, haciendo una alarde de flemática hipocresía, pidieron un paréntesis en su sistema capitalista y exigieron a los gobiernos créditos públicos a muy bajo interés, para poder dar fluidez a sus colapsadas líneas crediticias.

Es cuando, por arte de birli-birloque, el impago del endeudamiento privado se trasladó a un endeudamiento público.

Consecuencias sociales de la crisis: los recortes

Esos mismos responsables, cuyos responsables tienen nombre y apellidos y que coinciden con las personas más ricas del planeta, para los que nuestra crisis es su puto negocio, son las responsables ahora de las quiebras de países como Grecia, Portugal o Irlanda.

Y como ejemplo paradigmatico el de Islandia que ha logrado salir de la crisis haciendo oídos sordos a las amenazas por los impagos y encarcelando a los responsables financieros de la quiebra.

Con la coartada de la crisis, se está produciendo un ataque sin precedentes contra todos los derechos sociales y laborales. Bajo el dogma neoliberal de reducción del déficit público pretenden desmontar los servicios públicos construidos con el esfuerzo de generaciones y los derechos sociales y laborales, para poder mantener intocables y sin cuestionar los beneficios de una minoría de la sociedad (el 1% de los muy ricos) frente a los derechos de la inmensa mayoría (el 99% restante).

Si esta crisis la han originado los bancos, los fondos de capital-riesgo, las agencias de calificación y los gobiernos a su servicio, al explotar la gran burbuja del capitalismo basado en el endeudamiento y la especulación: ¿Por qué tenemos que pagarla quienes no somos responsables, las y los trabajadores? Si en época de beneficios estos no se repartieron socialmente, ¿por qué ahora las pérdidas sólo las asume la clase trabajadora? Estamos no sólo ante unas medidas injustas a una crisis generada por quienes ahora proponen una salida por la derecha, estamos ante un gran cambio del modelo social actual basado -al menos formalmente- en la cohesión social, en unos derechos sociales mínimos (sanidad, educación, protección social…) y en una regulación de las condiciones del trabajo, que va ser sustituido por un modelo de sociedad dual y desigual basado en la ausencia de derechos, los salarios bajos y la precarización de las condiciones de trabajo y de vida.

Esto está teniendo unas consecuencias dramáticas para la mayoría de la sociedad especialmente para la clase trabajadora: AUMENTO DEL PARO Y DE LA PRECARIEDAD LABORAL.

Los datos del desempleo en el estado español dan la escandalosa cifra de 5,3 millones de personas desempleadas, el 23% de la población activa, previéndose llegar a los 6 millones en el 2012. El 46% de la juventud está sin trabajo, la tasa más alta de Europa. Más de 1.500.000 familias tienen a todos sus miembros en el paro y la mayoría de las personas desempleadas lo son de larga duración (+ 1 año paradas).

En enero de 2012 se firmaron 1,03 millones de contratos, el 92, 7% eran temporales. El 45% de los contratos temporales firmados en 2011 era de menos de un mes.

El 22% de los hogares están por debajo del umbral de la pobreza (7.800€/año) y 11,5 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, 580.000 familias han perdido todos los subsidios (datos de Cáritas).

Una consecuencia directa de esta situación es el aumento de los casos de desahucio por impago de hipotecas.

En el estado español se desahucia cada día a 173 familias (40 en la Comunidad de Madrid), esto equivale a un desahucio cada 8 minutos y ya suman más de 300.000 desde el comienzo de la crisis.

Recortes en educación

Mientras que en los países de la OCDE y de la UE, la educación pública representa el 90%, en el Estado Español no llega al 70%, y en la Comunidad de Madrid apenas al 50%.

Estos recortes, que en Educación Secundaria han sido de 80 millones de euros, dinero que se ha ido a la privada, donde se ha incrementado en 70 millones el presupuesto. Para la escuela pública ha supuesto contar con 3.000 profesores y profesoras menos y, como consecuencia de ello, aumentar aún más la ratio de estudiantes por aula, eliminar refuerzos, desdobles, laboratorios y tutorías, cerrar las bibliotecas escolares y reducir los apoyos para el alumnado con dificultades. El objetivo es claramente una eliminación de la educación pública de calidad y el abandono de su función como compensadora de las desigualdades sociales.

La Comunidad de Madrid destina a educación pública cada vez menos (-42%) y más a la educación privada y concertada (+33%). Por tanto, no estamos tanto ante recortes, como ante una estrategia de privatización de los servicios públicos.

Recortes en sanidad

En dos años, las partidas destinadas a sostener hospitales y ambulatorios se han reducido en un 8,7%.

La sanidad española funciona ahora con unos 5.000 millones menos que en 2010. Esto está suponiendo que los Hospitales dejen de operar por la tarde, que los Centros de salud permanezcan cerrados los sábado, las Urgencias saturadas por falta de personal y escasez de material. Han ampliado la jornada a las y los profesionales, lo que se traduce en menos contrataciones de personal interino y eventual y no se cubren las bajas de personal médico, de enfermería o celadores. Las compras de tecnología sanitaria se han reducido un 15%.

El gasto farmacéutico se ha convertido en objetivo de nuevos ajustes: Cataluña prevé cobrar un euro por receta a partir de mayo. Además, se pretende introducir el copago para poder recibir atención sanitaria, convirtiéndola así en una mercancía, en lugar de en un derecho.

Recortes en las pensiones públicas

Las pensiones ascendieron a 8.9 millones en el año 2.011. La pensión media se situó en 776€. El 73% de las pensiones se sitúan por debajo del SMI (641.40€).

En el año 2.011 se gastó 101.084,69 €, lo que representa el 9.2% del PIB, mientras que la media en la UE es de 11,08% (Francia 13,6%, Alemania 12,3%).

Se ve claramente que la mayoría de las pensiones son muy bajas y que el gasto es inferior a la media europea.

El “Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones”, conocido como “el Pensionazo”, contiene unas medidas que buscan reducir el importe futuro de las pensiones y dificultar el acceso a las mismas: Aumento de la edad de jubilación de 65 a 67 años, aumento del periodo de cálculo de la base reguladora de 15 a 25 años y el aumento de los años necesarios para percibir el 100% de 35 a 37 años.

Con estas medidas, según estudios, las pensiones futuras disminuirán un 20% con respecto a las actuales. Además este sistema beneficia a las clases privilegiadas que tienen salarios más altos y carreras laborales más largas e ininterrumpidas, además de una esperanza de vida más larga con lo que la cobraran más años. Se penaliza a las clases populares, especialmente a la juventud, mujeres y migrantes que tiene trabajos más precarios y peor remunerados.

Recortes en la protección social

Entre las medidas aprobadas por el Gobierno está la de congelar un año el calendario de implantación de la Ley de Dependencia. Esta medida afectará a unas 30.000 personas. Seguirán dándose ayudas a los casos más graves, pero 150.000 de los cuales tienen la ayuda reconocida pero no la reciben.

Las distintas comunidades autónomas han recortado las ayudas a las mujeres víctimas de violencia machista. La Junta de Castilla-La Mancha ha recortado la atención a las víctimas de violencia de género. Así, un total de 85 centros de información, sensibilización y atención a la mujer y 13 casas de acogida para mujeres maltratadas han sido cerrados el 1 de enero. Estos centros atienden a más de 100.000 mujeres al año.

Consecuencias laborales: la (Contra)Reforma

Consideramos que este atraco a los derechos fundamentales es, cuanto menos, inconstitucional, por dos razones: se utiliza el decreto ley sin que la relación con la situación de urgente necesidad sea la adecuada, ya que, incluso el gobierno reconoce que no va a solucionar nada; y sus contenidos vulneran derechos básicos y fundamentales reflejados en la constitución.

Todo el mundo habla de ella, pero quizás no hayamos leído y comprendido su verdadera extensión, por eso queremos desglosar los principales aspectos de la (contra)reforma y como nos afecta a todos y a todas, en Telefónica o fuera de ella.

Privatización de las oficinas de colocación

Las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) ven aumentado su poder, y a partir de ahora tienen plena capacidad para contratar personas como oficinas de colocación. Esto supone, en la práctica, la pérdida total del control de la Administración sobre los contratos.

El despido

Recordemos que el derecho laboral está protegido por la unión europea y el artículo 35 de la Constitución Española, donde se consagra el derecho del trabajador a no ser despedido sin una causa justa, objetiva y real, y limita el abuso y la violación del derecho fundamental al trabajo.

A pesar de ello, la (contra)reforma otorga todo el poder al empresario para despedir, vulnerando este derecho.

Los ERES ya no necesitan pasar el requisito de la autorización administrativa, un trámite que en general era simplemente eso: un trámite, pero que servía de freno a las empresas obligadas a negociar para que llevase el visto bueno de la representación social. En estas negociaciones es donde se conseguía, generalmente, mejorar las condiciones de las personas despedidas, minimizar el número de personas afectadas o el tiempo en el caso de ser expedientes temporales. Ahora todo esto desaparece.

Se implanta un nuevo modelo de contratación, permitiendo a las empresas con menos de 50 personas mantener “a prueba durante un año” a un trabajador o trabajadora pudiendo durante este tiempo despedirle libremente en cualquier momento sin ningún tipo de indemnización ni justificación.

Se generaliza el despido objetivo con indemnización de 20 días por año trabajo con un máximo de 12 mensualidades, es decir por mucha antigüedad que tengas en una empresa te pueden poner en la calle pagándote el salario de un año. Además será la persona afectada la que tenga que demostrar que en realidad se trata de un despido improcedente para así conseguir una indemnización más justa y perdiendo los salarios de tramitación (excepto en los despidos nulos).

En todo caso las empresas disponen de un amplio abanico de posibilidades para justificar un despido objetivo: causas económicas, técnicas, organizativas, de producción, individuales o colectivas, absentismo en el caso de 9 días de baja en un periodo de dos meses (20%) ya que desaparece la condición de que solo se podría aplicar cuando en el centro de trabajo existiese un absentismo superior al 2,5%. También pueden utilizar la figura del despido barato cuando sea por causas “justificadas” por reducción de ingresos tres meses consecutivos La indemnización cuando un despido sea declarado improcedente pasa de 45 a 33 días y el máximo se reduce de 42 mensualidades (3,5 años) a 24 mensualidades. Respetando los derechos consolidados antes del día 11 de marzo pero sin que siga computando la antigüedad cuando haya superado los 720 días establecidos ahora como máximo.

Negociación Colectiva

En el derecho laboral, artículo 37 de la CE, se dota de máxima protección al convenio colectivo, que tiene rango de ley y es vinculante para ambas partes.

Tanto el acuerdo firmado por CEOE-CEPYMEUGT- CCOO como la actual reforma anulan este derecho mediante dos vías: La empresa se puede descolgar alegando disminución de ingresos, dejando por tanto de ser vinculante, y la eliminación de la ultractividad, ya que si en los dos años posteriores al término de su vigencia no se llega a negociar uno nuevo, este deja de estar vigente.

Hasta el momento del decretazo, los convenios eran pactos entre las empresas y la representación sindical y el acuerdo tenía rango de ley, es decir comprometía a las dos partes y ante cualquier incumplimiento bastaba con acudir a los juzgados para que un juez hiciese cumplir su contenido. A partir de la Reforma Laboral, el empresario puede descolgarse del cumplimiento de lo pactado en convenio, aunque es cierto que en el acuerdo firmado por CCOO-UGT y CEOE pocos días antes del decretazo ya se abría el camino hacia esta pérdida de efectividad de la negociación colectiva.

El escenario ahora es muy peligroso para la clase trabajadora, las empresas dispondrán de flexibilidad para distribuir nuestra jornada laboral, un 10% de nuestra jornada queda a libre disposición de la empresa y en caso de que no haya acuerdo el 5%, es decir te pueden modificar el horario simplemente comunicándolo y respetando los descansos reglamentarios.

La movilidad funcional queda implantada. Pueden obligarnos a hacer funciones dentro del mismo grupo laboral (en el caso de Telefónica se vieron reducidos únicamente a tres en el último Convenio Colectivo).

Desaparece el concepto de categoría laboral. Los turnos, los salarios, la movilidad geográfica son condiciones que quedan a total disposición de la empresa y ante esto la única alternativa que le queda a la persona que no quiera o pueda asumir las nuevas condiciones es rescindir el contrato con una indemnización de 20 días por año trabajado.

Camino a seguir: 29M Huelga general y de consumo

Son esos mismos personajes culpables de la especulación sobre nuestra deuda, los que día tras día nos amenazan con la intervención económica del estado mediante recortes sociales, subidas de impuestos para las clases más desfavorecidas y reformas laborales. Son ellos quienes quieren acabar con nuestro precario estado de bienestar para seguir incrementando el suyo que es de riquezas y de lujos.

Por eso para la CGT esta reforma solo tiene una única lectura sindical y social: HAY QUE DEROGARLA, y el único camino es la lucha colectiva y la ocupación de la calle con millones de personas.

Por eso CGT, junto con la totalidad de las fuerzas sindicales del estado apuesta por la movilización.

Ese día ni trabejes ni consumas. Dales donde más les duele. Por eso CGT os llama a todas las movilizaciones, a salir a la calle y a la huelga general y de consumo del 29 de marzo.

¡Todas y todos a la huelga!

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